Multan al presidente Petro por no rectificar acusaciones contra dueño de Coosalud
El Juzgado 24 Administrativo de Bogotá impone multa por desacato a tutela
El presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, fue sancionado con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir una orden judicial que le obligaba a rectificar una acusación contra Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud. La decisión fue tomada el 15 de abril de 2026 por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, tras constatar que el mandatario no acató una tutela emitida el 11 de noviembre de 2025.
Multa por desacato y obligación de rectificación
El proceso inició luego de que Petro calificara como “bandido” a González Montaño, lo que motivó una demanda por vulneración al derecho al buen nombre. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la rectificación de dicha afirmación, pero al no cumplirse en los términos establecidos, el juzgado determinó que hubo desacato.
El juez explicó que la multa tiene carácter correctivo y no exime al presidente de restablecer los derechos vulnerados. Además, el proceso seguirá abierto hasta que se cumpla plenamente con la orden judicial o cesen las causas que originaron la vulneración. En caso de persistir el incumplimiento, la sanción podría reiterarse.
Competencia y seguimiento del caso
El juzgado remitirá el caso nuevamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el trámite correspondiente y supervisar el cumplimiento de la tutela. El presidente tiene la opción de acatar la orden o utilizar los mecanismos legales disponibles para controvertir la decisión.
Contexto y consecuencias legales
Esta sanción se enmarca dentro de la jurisprudencia colombiana que protege el derecho al buen nombre y obliga a los funcionarios públicos a rectificar declaraciones consideradas injuriosas o difamatorias. La medida busca garantizar que las autoridades respeten las sentencias judiciales y eviten vulnerar derechos fundamentales.
Para más información sobre procedimientos judiciales y derechos fundamentales en Colombia, puede consultarse el portal oficial del gobierno gob.mx.
Este caso representa un llamado a la responsabilidad en el manejo público de información y las consecuencias legales que enfrentan los funcionarios que desobedecen órdenes judiciales.
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